La Comisión Investigadora de 1958 y la Violencia en Colombia

 

Jefferson Jaramillo Marín

 

Resumen

La Comisión Nacional Investigadora de las Causas y Situaciones Presentes de la Violencia en el Territorio Nacional, mejor conocida como La Investigadora, fue creada en 1958 en los albores del denominado Frente Nacional. Este artículo de investigación explica, a partir de algunas fuentes documentales y archivos de prensa, cómo en un contexto de transición pactado por las élites, esta iniciativa condensó un conjunto de prácticas oficiales y tramas narrativas que estructuraron la forma como se procesaría y representaría política y socialmente la Violencia.

Palabras clave: Comisiones de estudio sobre la violencia, Frente Nacional, violencia bipartidista, estudios sociales sobre el pasado reciente, Colombia. 

Introducción

Entre 1958 y 1974, tuvo lugar en Colombia un acuerdo político de reparto equitativo del poder gubernamental entre las élites liberales y conservadoras, conocido como el Frente Nacional. Tras varios años de una confrontación bipartidista (1946-1958) que dejó como saldo más de 170.000 víctimas, este acuerdo se propuso un triple desafío institucional: pactar la paz, generar programas de desarrollo y favorecer la transición democrática (Gutiérrez, 2007). Uno de los instrumentos políticos que sirvió a estos fines, al menos en sus comienzos, fue la Comisión Nacional Investigadora de las Causas y Situaciones Presentes de la Violencia en el Territorio Nacional, mejor conocida en su momento como La Investigadora y creada en mayo de 1958.

En este artículo sostenemos la tesis de que La Investigadora durante sus nueve meses de funcionamiento (mayo de 1958-enero de 1959) fue más que una Comisión de estudios sobre la Violencia, como habitualmente se le considera en la literatura (Cfr. Jaramillo, 2010; Sánchez, 1988, 2009/1986). Quizá por la naturaleza de la iniciativa es cierto que contribuyó a diagnosticar e historizar lo acontecido. Sin embargo, funcionó más como un vehículo político de prácticas y tramas6 forjadas institucional y socialmente por varios actores dentro del mismo Frente Nacional, a saber: las élites bipartidistas, los distintos miembros que conformaron la iniciativa y, especialmente, la prensa escrita de la época con una expresa vocación partidista. 

Ahora bien, al referirnos a prácticas y tramas aludimos respectivamente a dispositivos o marcos de trámite institucional y de representación social. Estos dispositivos, desde nuestra óptica, van a permitir rearticular, a través de tensiones y negociaciones, dos operaciones estrechamente conectadas al quehacer de la Comisión. De una parte, ofrecen maneras particulares de procesar oficialmente las secuelas del fenómeno a través de mecanismos como la pacificación, la asistencia social y la rehabilitación. De otra parte, contribuyen a la selección y condensación de unas versiones producidas por La Investigadora, articuladas a una narrativa explicativa del pasado, a un diagnóstico sobre el presente y a una lectura de futuro. A lo largo del artículo, mostramos cómo estas tramas y prácticas fueron cruciales para revelar y editar el sentido mismo de la memoria colectiva de la Violencia.

En la justificación de la tesis principal utilizamos el análisis discursivo y el análisis sociohistórico de coyunturas críticas. Mediante la primera estrategia ponderamos las distintas versiones y valoraciones políticas que sobre La Investigadora realizó en su momento la prensa escrita nacional. Esto lo nutrimos, a su vez, con algunas entrevistas realizadas a expertos y personalidades políticas. Mediante la segunda, leemos el mapa político en el que se inserta la Comisión, así como los climas operativos, es decir, los procesos de creación de la iniciativa, selección de los comisionados, los mandatos y funciones que el ejecutivo asignó y delegó en los miembros, las acciones desarrolladas en las regiones y los públicos a los que llegaron.

La Investigadora y el Frente Nacional 

Sin lugar a dudas, el Frente Nacional es una coyuntura crítica determinante en el mapa político de los últimos cincuenta años en Colombia y también una coyuntura relativamente estudiada en la literatura nacional. Ahora bien, nuestra impresión al respecto es que La Investigadora es inseparable de la misma, especialmente por el carácter disruptivo que representa para la historia social y la memoria colectiva del país. Y lo es al menos por dos razones. En primer lugar, el Frente Nacional fue una estrategia política de reparto de poder que se instauró para detener la Violencia y en eso fue relativamente útil. Sin embargo, con el tiempo, esa «promesa de retorno a la paz» (Pécaut, 2003, p. 48) tendría enormes costos, al generar desde las élites un control político del pasado y del presente. En particular, ese control se sintió en la diseminación de las responsabilidades por lo ocurrido entre 1946 y 1958 en toda la sociedad y no en los directos responsables.

En segundo lugar, como todo arreglo institucional, los gendarmes de dicho pacto (principalmente Alberto Lleras Camargo y Laureano Gómez) tuvieron siempre presente hasta dónde este acuerdo nacional podía revelar u ocultar. A nuestro parecer, esto se hizo de dos maneras de cara al país. De una parte, ellos jugaron en la posición de caballeros pragmáticos, definiendo qué debía decirse y qué se callaría, a quién se castigaría y a quién se le otorgaría amnistía11. De otra parte, dieron la impresión de ser personalidades sensibles a los idearios de transición y rehabilitación que el país necesitaba, promoviendo para ello la creación de la Comisión Investigadora. Lo interesante es que esta iniciativa deberá enfrentar esa doble faceta del “Jano” frentenacionalista: investigar y escudriñar el pasado o simplemente recomendar medidas prácticas para la superación de lo ocurrido. Aun así, a medida que avance en su labor la Comisión irá descubriendo que no puede funcionar sólo con uno de los dos marcos.

Ahora bien, aunque La Investigadora tiene lugar en los inicios del Frente Nacional, su nacimiento realmente opera en medio de un clima transicional ambiguo. De una parte, inicia labores en el marco de una Junta Militar de Gobierno que asume el poder tras la renuncia pactada del general Gustavo Rojas Pinilla en mayo de 1957, y que meses después lo cederá a los civiles. De otra parte, el decreto 0165 del 21 de mayo de 1958 que le da origen se ampara en otros dos artículos, el 121 de la Constitución de 1886 y el decreto 3518 expedido por el gobierno de Ospina Pérez en 1949, cuyo común denominador es la declaración del “orden turbado en el territorio nacional”. La Comisión, por tanto, pese a que encierra un pretendido ideario de nuevo comienzo, estará conectada, desde su gestación, a medidas de emergencia ya bastante usuales en la historia del país. Quizá lo nuevo ahora es que esta comisión va a tener un perfil más profiláctico y terapéutico por vía de la normalización de situaciones críticas. De hecho, en el decreto de creación quedará ratificado este carácter, por cuanto se esgrime que su creación obedece al «establecimiento de la normalidad política y social en el país, haciendo necesario estudiar las causas generadoras de la violencia y las fórmulas para su superación».

De todas formas, si leemos detenidamente el decreto gubernamental de creación de La Investigadora, se nos revela que pese a ese carácter y perfil antes mencionados, se insiste en que ella debe contribuir a un ejercicio arqueológico sobre el pasado y el presente del desangre. Quizá existe el convencimiento, por aquel entonces, de que un tipo de dispositivo como este puede ayudar a revelar, así sea de forma muy prudente, algo de lo sucedido y por tanto contribuir a su superación en el mediano plazo. Pero ¿cómo en medio de un pacto de caballeros, que a lo largo de sus dieciséis años de funcionamiento aboga por una política de prudencia y silencio frente al pasado reciente, pueden surgir mecanismos como estos, cuya tarea es, al menos idealmente, realizar una autopsia y génesis de la violencia?

Nuestra hipótesis al respecto es que al momento de su creación la clase política no dimensionó realmente la magnitud y alcance que cobraría el trabajo de La Investigadora en los meses siguientes. Se previó y se confió que fuera un instrumento pasajero, que sólo daría cuenta de lo ocurrido en forma de un informe privado al gobierno de Lleras Camargo, pero quizá únicamente eso. Se previó también que no tocaría llagas fundamentales. Además, su creación se da en los prolegómenos del Frente Nacional, donde todavía está flotando en el ambiente un «espíritu pacifista, reformista y conciliador que le permite a las élites reacomodar las reglas de juego» (Rodríguez, 2008, p. 42). Posiblemente, si la Comisión se crea poco después, cuando ya la retórica política sobre el cierre del pasado ha calado más, las estrategias de seguridad nacional se han profundizado y los partidos no quieren escuchar de responsabilidades particulares, su naturaleza y artesanía hubieran sido otras; es muy posible que no se hubiera acometido dicha tarea, o al menos no de la forma en que se hizo. En ese sentido, en un escenario de acomodo inicial de las posiciones de los actores, aún serán posibles y viables instrumentos de transición de este tipo.

Clima operativo de la Comisión

No hay una versión unánime sobre quiénes fueron los verdaderos gestores de La Investigadora. De una parte, su creación parece haber derivado de las recomendaciones realizadas por una comisión previa de ministros nombrada por la Junta Militar. De otra parte, los mismos miembros de esta Junta argumentarían en su momento que serían Alberto Lleras Camargo y Laureano Gómez los que la impulsarían, tratando de buscar «soluciones humanas y justas a la Violencia».

Para Otto Morales Benítez, en cambio, fue más el «espíritu de civilidad y patriotismo de Lleras Camargo […] y su ideario de unidad nacional, de respeto y atracción a la gente […] de donde surgió la Comisión […] porque siempre fue del parecer que la paz no se podía hacer sino atrayendo a la gente». En el periódico El Siglo, se llegó a afirmar que el ministro de gobierno Rodrigo Noguera Laborde habría propuesto la creación de una Comisión de Expertos en las diferentes disciplinas sociales para «conocer las verdaderas causas de cómo opera la Violencia en el país». En un periódico de la época, la Comisión sería leída como la «gran operación de paz» al servicio de una fórmula política ideada por «caballeros educados», que sobrepuestos al sectarismo y barbarie de las masas campesinas «liderarían la salvación nacional».

En el decreto de creación se especificó que tendría, luego de ser instalada, un mandato de 60 días para rendir un informe a Lleras Camargo sobre «la situación de violencia en el país y ofrecer soluciones prácticas». Aun así, ese período sería ampliado hasta comienzos de enero de 1959. Aunque para esta fecha ya había entregado al gobierno de Lleras Camargo informes detallados sobre la situación de violencia en las regiones, la Comisión seguiría actuando en el occidente de Caldas y del Quindío, donde no se había logrado aún la pacificación. También se especificó que sus miembros devengarían una suma de 3.000 pesos colombianos por sus labores, con viáticos de 100 pesos diarios (durante el tiempo que estuvieran en las zonas afectadas, pudiendo contar con auxiliares de campo). Un salario que para la época era bastante cómodo, si se tiene en cuenta que en 1957 el salario legal mensual era de 155 pesos.

Por su parte, la elección de sus integrantes demuestra también de qué forma fue interpretada en su momento La Investigadora como parte del sistema civilizador del Frente Nacional. Quienes la van a integrar son parte constitutiva de ese sistema, por fuera del mismo no caben otras personas, no son necesarias, ni serán tampoco consultadas para hacer parte de la iniciativa. De ella terminarían excluidos los campesinos, principales víctimas de la violencia. No entrarían sencillamente porque, para la época, tampoco eran parte de los cánones civilizatorios del pacto de élites. Había la impresión en el ambiente, especialmente en las clases altas y las élites capitalinas, de que los campesinos representaban la “cuota bárbara del país”. Otros grupos que no fueron contemplados y que resultaron relegados dentro de esa política de caballeros fueron el Partido Comunista y las mujeres. Estas últimas, aunque reclamaron su participación en la Comisión, no lo hicieron desde una posición reivindicativa, sino más bien atadas a las demandas de las élites bogotanas y antioqueñas. De todas formas no debe pasarse por alto que, para la época, las mujeres apenas comenzaban a conquistar institucionalmente su derecho al voto.

Ahora bien, para la integración de La Investigadora, el decreto establecía un equipo conformado por ocho “eminentes representantes”: dos del Partido Liberal, dos del Conservador, dos de la Iglesia Católica y dos de las Fuerzas Armadas. Luego de varios tropiezos, quedaría conformada por siete miembros. El Partido Liberal estaría representado en las figuras de Otto Morales Benítez (quien hizo las veces de coordinador) y Absalón Fernández de Soto. Por el Partido Conservador estaría Augusto Ramírez Moreno. Los representantes de las Fuerzas Armadas serían los generales Ernesto Caicedo López, en actividad, y Hernando Mora Angueira, en retiro. Por la Iglesia, los sacerdotes Fabio Martínez y Germán Guzmán Campos. Es decir, en su conformación La Investigadora no revelaría una política incluyente para amplios sectores, dado que serían básicamente los “elementos más representativos de las élites” y del pacto los que estarían en ella. 

De dicha integración elitista resultará también una mezcla de varias cosas. Por ejemplo, confluyeron pasados biográficos y conexiones con el gobierno de turno o con los principios tácitos acordados por la política del Frente Nacional. También confluyó el conocimiento específico que sus integrantes tuvieran de las regiones, así como de las zonas que se visitarían (por ejemplo, el caso de Otto Morales del departamento de Caldas y de Guzmán Campos del departamento del Tolima). Además, algunas biografías de estos personajes estaban cruzadas por el sectarismo político y las desconfianzas por pasados no muy loables (por ejemplo, el caso de Augusto Ramírez Moreno y su vinculación con el grupo de los Leopardos).

Tras el comienzo de labores, La Investigadora decide inicialmente formar dos equipos de trabajo. Uno se encargaría de solicitar a la entonces Secretaría de Asistencia Social (sas), la información disponible sobre violencia en las regiones; el otro estaría encargado de leer y revisar las conclusiones y recomendaciones del informe económico y social sobre Colombia, que el sacerdote Louis Joseph Lebret había elaborado bajo el nombre Misión de Economía y Humanismo, por sugerencia del Comité Nacional de Planeación (cnp). Lo más probable es que los comisionados tomaran atenta nota del contenido de este informe, resultando influyente para que uno de los ejes centrales de discusión fueran las reformas de tipo agrícola y cívico que habrían de realizarse en las zonas afectadas por la violencia.

Estas dos tareas de los comisionados se acompañaron, en paralelo, con la recolección de informes del sic (Servicio de Inteligencia Colombiano), de los Ministerios de Guerra, Justicia y Gobierno, de la lectura y discusión de los informes presentados por comisiones departamentales y de la información recogida en los juzgados y en la Contraloría Nacional. En un comienzo, la actividad de los comisionados sería entonces de recolección de información, labor que hicieron desde sus escritorios en Bogotá. Esto produjo una reacción de algunos medios de la época, que consideraban que eso era un primer síntoma de que ella «se encontraba estancada y quizá era una comisión inútil». 

De todas formas, aquí se conjugaban una serie de factores explicativos, entre los cuales estaban la incapacidad para lograr armar un plan de acción para el trabajo en las zonas afectadas y el escepticismo de ciertos comisionados de que el tiempo señalado para las labores fuera suficiente. Quizá el punto más preocupante estaba en que varios de sus miembros no sabían con claridad lo que irían a hacer a las regiones. Para algunos se trataba de generar un informe técnico en el que no establecerían responsabilidades sobre quién inició el desangre y en qué zonas. Para otros se pretendía generar recomendaciones rápidas, que por sí solas podrían provocar “la extinción de la violencia en ciertos sectores y zonas”. Para algunos más, consistía en una tarea de recristianización, especialmente por la labor pastoral de algunos de sus miembros.

Las cosas para la Comisión comenzarán a cambiar al entrar a terreno luego de mes y medio de estar en Bogotá. Este momento es bastante interesante para entender el quehacer de esta iniciativa, puesto que revela que mientras el acuerdo frentenacionalista se encarga de imaginar la concertación desde el centro, desde la capital, La Investigadora actúa en las regiones, es decir, piensa y enfrenta el problema de la pacificación y la rehabilitación localmente, desde abajo. Este trabajo de los comisionados luego de salir de la capital va a concentrarse en dos aspectos decisivos: la llegada a las zonas afectadas y la recolección de testimonios.

En relación con el primer aspecto, la Comisión se desplaza desde Bogotá hacia las principales capitales de los departamentos y de allí hacia las zonas consideradas más críticas. A lo largo de esa ruta, visitarán inicialmente los departamentos de Caldas, Quindío y Risaralda, luego se trasladarán hacia el Valle del Cauca, de allí a los departamentos del Cauca, Huila, Santander, terminando labores en el Tolima. Por el seguimiento que se hizo de la prensa de la época alrededor de la actividad de esta Comisión, es posible deducir que llegaron a trasladarse a cerca de 45 municipios en los nueves meses de trabajo en que actuaron.

El mapeo de estas zonas se determinó precisamente en las reuniones que sostuvieron en las capitales de los departamentos visitados. En algunas de ellas fueron incluso partícipes de recibimientos multitudinarios y encuentros calurosos con autoridades y campesinos, por ejemplo en Quinchía (Caldas), Sevilla (Valle), La Herrera (Tolima). En otras zonas, en cambio, encontrarán resistencias y desconfianzas de las comunidades o de ciertos sectores políticos y eclesiásticos, como en Pereira y Ansermanuevo, por mencionar algunos casos. Lo llamativo aquí es que la calidad del recibimiento sería mediada por el imaginario a favor de las políticas del Frente Nacional, políticas que se van a condensar bajo el eslogan de un “nuevo comienzo para el país”. Pero también, por un conjunto de resistencias que se pueden explicar por la acumulación de problemas sociales y políticos o de desconfianzas de los habitantes locales frente a los poderes centrales y a los emisarios del régimen.

En esta labor de terreno es importante anotar que durante días y semanas, los comisionados se van a reunir con gobernadores, alcaldes, concejales, diputados, directorios de partidos políticos, autoridades eclesiásticas, campesinos, personas desplazadas por la violencia, viudas, niños y guerrilleros, entre otros. De todas estas personas escucharán demandas diversas, producto de la lectura de las realidades locales de estos protagonistas de excepción. Se hablará de la situación de impunidad, de la precariedad de los sistemas de salud y educación, del sectarismo y del desplazamiento. A su vez, los comisionados realizarán una labor de resignificación de este diagnóstico y de allí saldrán los informes verbales al gobierno de Lleras Camargo en la capital.

Finalmente, en cuanto a la segunda estrategia de la Comisión, es significativo destacar que la recolección de testimonios fue un recurso privilegiado por La Investigadora para «lograr un contacto directo con los hombres y mujeres de todas las corrientes políticas». Además, La Investigadora sería reconocida, precisamente, por priorizar la voz de muchos campesinos. Incluso, en un diario de la época se mencionó a propósito de esto, cómo «es la primera vez, decían los campesinos, que vienen a preguntarnos qué nos pasó; a hablarnos de paz sin echarnos balas después». Frente al riesgo que acarreaba en tiempos de guerra recoger la voz de estos protagonistas, los comisionados tendrán que dejar en claro que cualquier información recibida no sería revelada, ni tampoco las identidades de los informantes.

Es probable que para lograr que la gente hablara sobre lo ocurrido, en medio de un desangre que aún continuaba en algunas zonas y que muy posiblemente dejaría a los testigos expuestos a sus verdugos después de que los comisionados se marcharan, la figura de los sacerdotes en esta Comisión fuera absolutamente clave. Nuestra percepción al respecto es que muy posiblemente se logró camuflar la recolección del testimonio con el ropaje de la confesión o de la asesoría espiritual. En ese sentido, por momentos esta Comisión en lugar de ser de investigación fue más una Comisión de oidores y confesores.

La magnitud de este trabajo confesional-testimonial fue tal, que en el libro La Violencia en Colombia, que saldría años después a la luz (1962-1963) recogiendo una parte de la experiencia de este trabajo, se hablaría de que La Investigadora logró recolectar más de 20.000 testimonios, los cuales fueron recabados de forma individual o colectiva. Estos relatos, a la vez que nutrirían el libro, ayudarían en el proceso de institucionalización de la ciencia social de los años cincuenta y sesenta. Es probable que la labor comenzada allí haya sido el germen de mecanismos de intervención social en contextos de violencia. 

Las prácticas oficiales de trámite y procesamiento de la Violencia

Si algo caracteriza a esta Comisión como emblemática en el país es la manera tan particular de procesar las secuelas de la Violencia. En esa dirección, al menos desplegará dos prácticas: a) la firma de micropactos; b) la asistencia social y económica a las regiones afectadas. En cuanto a la primera práctica, La Investigadora se caracterizó por propiciar ceses parciales al fuego, firmar convenios, manifiestos y declaraciones de paz en medio del enfrentamiento bipartidista. Desde luego esta tarea se correspondía también en gran parte con la apuesta que los gestores del Frente Nacional habían previsto para la Comisión, entre ellos, Darío Echandía, Alberto Lleras y Laureano Gómez, para quienes de alguna forma de lo que se trataba era de detener a toda costa la sangría regional y local. La triada mágica, investigar, recomendar y normalizar, que había detonado el trabajo de los comisionados, tenía aquí su punto culmen a través de estos micropactos.

Es decir, si bien en comienzo la labor de La Investigadora tuvo por objetivo radiografiar lo sucedido y desnudar de manera muy controlada algo de la magnitud de las necesidades locales, su misión de fondo estuvo orientada a desplegar en las regiones, localidades, municipios y veredas una especie de operación pactista. En el ideario frentenacionalista, al menos en sus inicios, no bastaba hablar de la paz desde la capital, si esta no tenía su correlato práctico en las zonas afectadas.

A propósito de esto, en el libro La Violencia en Colombia se dijo que esta Comisión había logrado la firma de cerca de 50 pactos entre fracciones, grupos, pueblos y caseríos (Guzmán, Fals & Umaña, 2005, p. 130). La mayoría de ellos, tal y como se puede observar en el cuadro 1, serían firmados por uno o varios guerrilleros o directorios políticos, comprometiendo la palabra de los firmantes y el deber del gobierno de mantener los acuerdos. Algunos pactos iban desde un compromiso serio hacia el trabajo, hasta el respeto por la vida, honra y bienes de las personas. Implicaban también cooperar en el castigo a delincuentes, aceptar incondicionalmente la política de paz del gobierno y destinar de parte del gobierno central, recursos y obras de infraestructura para las zonas afectadas. 

Algunos de los acuerdos fueron duraderos, aunque la gran mayoría resultaron frágiles con el tiempo. Muchos de ellos, además, se firmaron en el Departamento del Tolima, donde la Comisión tuvo su principal impacto político y económico. En el año 63, a raíz de la publicación del segundo tomo del libro La Violencia en Colombia, se decía a propósito de los mismos, que en muchas regiones rurales existía una “paz insegura” soportada sobre la base de un «silencio cómplice». En ese sentido, como ha reconocido Sánchez (1990), se trató de acuerdos de paz muy ceremoniales, donde el abrazo y la firma primaron, y donde importaron poco las dimensiones programáticas de lo firmado. Y fue una paz insegura, en tanto fue producto de acuerdos que no lograron sedimentarse, precisamente porque a pesar de que las élites frentenacionalistas ofrecían en el discurso una política de entendimiento, estaban muy lejos aún de entender las lógicas locales, las comunidades políticas regionales, las disputas tradicionales entre facciones y la eclosión de las guerrillas agraristas.

Esa paz insegura y poco programática conllevó a una reactivación de bandas rivales en el Departamento del Quindío, y en general en el Viejo Caldas. Entre esas situaciones anormales estaba, por ejemplo, el incumplimiento de Venganza de compromisos adquiridos con La Investigadora. Se planteaba, por aquel entonces, trascender el ámbito de la rehabilitación, que había sido la principal apuesta de Lleras Camargo y de La Investigadora y emprender una verdadera “operación de limpieza” en la región de Quinchía (Sánchez, 1988). De hecho, nunca durante el Frente Nacional, a pesar de todo el discurso reconciliador, esta alternativa será excluida. Lo que existió fue una tensión permanente, un equilibrio bastante precario de al menos dos grandes estrategias. De una parte, la “operación de paz” de los comisionados y la “operación de limpieza” de los militares y de ciertas autoridades. Y de otra, la reconciliación como discurso y la pacificación como práctica.

Respecto a la segunda práctica, para comprenderla es importante tener en cuenta el escenario del momento. Básicamente, lo que ocurre por entonces es un equilibrio tenso entre la paz ideada y diseñada por los políticos, la planificación y la rehabilitación de largo plazo que consideraban los técnicos había que llevar a cabo en ese momento en el país y la guerra sin cuartel que los militares y gobernadores opinaban había que acometer contra “los alzados”. Mientras los dos primeros (políticos y técnicos) eran del parecer de que la Violencia exigía una gran “ingeniería social” a través de inversiones en las regiones afectadas, los terceros se empeñaban en considerar que el problema era más de orden público, sobre todo por la presencia de los bandoleros.

La Comisión optará por la primera estrategia, pero traducida en su caso en una lógica que podríamos denominar de diagnóstico social y asistencia humanitaria o paliativa. Es decir, en primer lugar, los comisionados lo que harán es entregar informes al gobierno de Lleras Camargo y a los ministros de su gabinete sobre la situación crítica que se vive en ciertos departamentos, por ejemplo, en el occidente del departamento de Caldas, en el norte de los departamentos del Valle del Cauca y Cauca, enfatizando siempre en los que consideran son los problemas urgentes a resolver. En algunos casos, los informes verbales revelarán una grave impunidad en materia de justicia, la cual incide, según ellos, en el mantenimiento de un clima de pugnacidad. Esta impunidad a su vez, estará relacionada con las deficiencias en la aplicación de medidas penales, el pésimo estado de las cárceles y las delicadas situaciones que tenían que afrontar los jueces de instrucción.

En otros casos, los problemas evidenciados en estos diagnósticos estarían asociados con la situación de hacinamiento de los desplazados en los cascos urbanos, el despojo de las haciendas y la revisión de títulos de propiedad. Otros informes tendrían más relación con las dificultades para llevar a cabo los planes de colonización que el gobierno pensaba delinear para favorecer a las personas víctimas de la violencia. Algunos informes enfatizarían más en las reformas sociales y morales. Incluso, La Investigadora recomendaría avanzar en toda una terapéutica del dolor, aspecto si se quiere inédito para la época. Aquí de todas formas fue clara la influencia de los curas con vocación sociológica como Guzmán Campos, para impulsar esta labor. La misma que debería incluir abordajes en el trabajo con las víctimas, los familiares, las escuelas, el ejército, las instituciones privadas y la Iglesia.

Ahora bien, de estos diagnósticos van a salir varios de los insumos necesarios para emprender las estrategias de asistencia en las zonas más afectadas. Precisamente, a poco más de tres meses de creada la Comisión Investigadora, y como respuesta a ellos y a ciertas presiones de algunos sectores políticos y sociales, el gobierno organizará en septiembre de 1958 la que se conoció como la Oficina Nacional de Rehabilitación, que tendrá como labor «contener los estragos de la violencia en los cinco departamentos en los que se mantenía el estado de sitio». A esta oficina se le sumó con el tiempo, la creación de un Comité Ministerial de Orden Público, Tribunales de Conciliación y amnistía condicionada. De todas formas, es necesario reconocer que ya desde junio de 1958, se había solicitado la creación de esta oficina, ante la incapacidad de arranque de La Investigadora, ya que tardó cerca de mes y medio en lograr el pleno de sus funciones.

Algunos habían propuesto, incluso, que fuera cesada y que en su lugar asumiera un Ministerio de Rehabilitación y Socorro que le diera facultades a los partidos para promover acciones a favor de la pacificación en las regiones más azotadas por la violencia. Laureano Gómez sería uno de los que propondría la creación de este Ministerio conformado básicamente por dos ministros, uno liberal y uno conservador. Sin embargo, el gobierno de Lleras Camargo argumentaría que con la sola Comisión Investigadora era más que suficiente. Ahora bien, esta oficina estaría integrada por los Ministros de Gobierno, Justicia, Guerra, Salud Pública, Educación y Obras Públicas, y su coordinador sería José Gómez Pinzón, un arquitecto que había sido rector de la Universidad Nacional y quien actuaría como asesor del presidente Lleras Camargo en temas de rehabilitación y como coordinador del ente.

Si bien la impronta de este personaje sería significativa, sobre todo para proyectar económicamente la asistencia y rehabilitación que debería generarse en las regiones más afectadas, tal y como lo revelan los cuadros 2 y 3, también es cierto que ello nos da una visión de qué era lo que para la época primaba en el procesamiento de las secuelas de la Violencia. Es decir, nos permite entrever cómo atender las necesidades materiales de las poblaciones —por ejemplo, una escuela, un matadero, un puesto de salud, una carretera—, era más prioritario que las mismas violaciones extremas a las víctimas. Es decir, La Investigadora o al menos el Frente Nacional que la promueve, están más preocupados por las zonas violentas que por los sujetos victimizados. Las víctimas no existen aún como sujetos de atención.

Ahora bien, esta Oficina de Rehabilitación, como argumenta Sánchez (1988), dio siempre la impresión de ir descubriendo a su paso el objeto sobre el cual trabajar, en medio de una violencia que no llegó nunca a su fin por más que se expusiera a viva voz su terminación, en varios sectores del gobierno. De hecho, si comparamos lo que sucede hoy en la realidad con la denominada Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación (cnrr), la historia parece de nuevo repetirse; es decir, asistimos otra vez a una experiencia que, desde hace más de seis años, rehace todo en el camino, precisamente por las dificultades mismas de una guerra sin transición. De hecho, para su momento, no fue solo la Oficina, sino en sí toda la estrategia de rehabilitación frentenacionalista, la que tuvo fuertes opositores a lo largo de su aplicación. El gobierno, de todas formas, defendería esta política como parte de la acción estatal necesaria que habría de emprenderse en dos vías: la de la asistencia social a los “damnificados de la Violencia” y la de la “reincorporación de los excombatientes” a la vida ciudadana y al trabajo productivo.

En todo caso, las críticas provenían de aquellos que veían que con ella se favorecían más ciertas zonas aún no pacificadas, y a los propios agentes de la Violencia, y que se podría premiar a los infractores de la ley no sólo con la suspensión de las acciones penales (amnistía), sino con préstamos y adjudicación de tierras. A esto se sumarían las prácticas gamonales, porque los recursos destinados a las regiones debían ser manejados por las autoridades municipales. De manera interesante, en esa época, como se repite hoy frente a los beneficios penales para los desmovilizados del paramilitarismo, se cuestionó mucho la adjudicación de amnistías, la entrega de tierras y préstamos a excombatientes desmovilizados como Charronegro, Pedro Brincos, Teófilo Rojas alias Chispas, y al bandolero Octavio Isaza Rendón, alias El mico (Sánchez, 1988).

La Comisión Investigadora finalizaría labores en enero del año 59 por decisión del gobierno de Lleras Camargo. Tres serían los argumentos que en su momento se esgrimieron para darle fin: a) que ya había cumplido su cometido; b) que había dejado de ser necesaria, y c) que se advertía una ostensible fatiga de los miembros que la integraban. Sin embargo, en el mismo decreto de disolución quedó expresa la designación, por un período adicional, de Germán Guzmán como Coordinador de Paz, para que continuara en la labor de propiciar la reconciliación. Esta tarea la continuaría en enlace directo con la Oficina de Rehabilitación que seguiría funcionando hasta diciembre de 1960.

El final de esta Comisión fue más bien lánguido y de absoluto desgaste para los comisionados y para las zonas afectadas. Un tema de fondo para su terminación fue precisamente que a medida que avanzaba el Frente Nacional se remplazaba el ideal de rehabilitación por una política de represión en aquellos territorios donde la Violencia había vuelto a recrudecerse, y donde además se había generado el mayor número de inversiones, como fue el caso del departamento del Tolima. Según Sánchez (1988), a esto también contribuyó la incongruencia entre “diagnóstico y soluciones”, puesto que la Rehabilitación había sido diseñada como un programa para “después” de la Violencia, y la Violencia, en verdad, no había terminado. Por su parte, para el historiador Fernán González, en el fondo:

[…] las reformas del Frente Nacional, especialmente las estrategias de rehabilitación, no funcionaron en las zonas donde no estaba establecido el bipartidismo. Las reformas serían hechas donde no se necesitaban realmente. Ellas debían hacerse donde estaban las guerrillas comunistas y allá no llegaron porque no había estructura bipartidista y el comunismo era el gran mal para el bipartidismo.  

La asistencia social y la rehabilitación quedarían entonces subordinadas bajo esa lógica a los andamiajes institucionales tradicionales, pero sobre todo a los pareceres de los gobiernos locales y a las redes clientelares que canalizarían entonces los recursos. Mientras desde la capital se esgrimía un discurso de rehabilitación y de apoyo a los “damnificados por la Violencia”, las zonas golpeadas por la guerra y las condiciones de precariedad institucional eran abandonadas a su suerte y con ello la oportunidad histórica de que una estrategia de largo alcance y programática lograra darse efectivamente donde más se necesitaba. 

Las tramas narrativas

La Investigadora desplegará un conjunto de tramas narrativas sobre la Violencia en al menos tres sentidos. De una parte construye una narrativa que explica el pasado de violencia sosteniendo que «no hubo nunca un comienzo claramente establecido para ella». De otra parte, posiciona una narrativa de diagnosis acerca de un presente turbado por la guerra y cuyo paliativo son los decretos y estrategias de emergencia. Finalmente, construye una narrativa de futuro que lee, a través del quehacer de la Comisión, el Frente Nacional como el verdadero “nuevo comienzo” para el país. Examinemos con más detenimiento cada una de ellas.

No hay comienzo claramente establecido para la Violencia

En un escenario de transformaciones radicales producido por ese «Gran Sujeto Histórico, trascendente, exterior a los actores» que representa la Violencia, según la interesante definición de Sánchez (2009/1986), no es extraño que distintos sectores sociales e institucionales decidan acometer la tarea de afrontar y tramitar institucionalmente algunas de sus secuelas. Esta será precisamente la labor, tanto del Frente Nacional como de La Investigadora. Nuestra percepción, a partir de lo que ya hemos mostrado en los apartados anteriores, es que a pesar de que en el nombre mismo de la Comisión está contenido su objetivo fundamental «estudiar las causas o situaciones presentes de la violencia», enfrentar este asunto generó un gran dilema en su momento a quienes hicieron parte de la experiencia y a quienes la movilizaron como dispositivo de trámite. Este dilema giró, básicamente, como ya lo hicimos notar, entre investigar y escudriñar el pasado o simplemente recomendar medidas prácticas para la superación de lo ocurrido.

Si se trataba exclusivamente de lo primero, los comisionados sabían, al igual que sus críticos, que su misión era servir de escenario público para revelar y comprender las dimensiones del horror de lo sucedido, adjudicar responsabilidades y nombrar situaciones detonantes, en una época en la que poco a poco ciertos olvidos y silencios iban ganando cada vez más terreno. Si por el contrario se perseguía únicamente lo segundo, la Comisión antes que fungir como la gran anatomista de la violencia debía ser un escenario profiláctico, de revelaciones higiénicas, controladas por los partidos, donde el pacto histórico frentenacionalista se concentrara en olvidar el pasado y abandonar la venganza y sobre todo proyectar el futuro a partir de un “borrón y cuenta nueva”. Así, la Comisión no tendrá más propósito que buscarle un fin razonable a las situaciones presentes y lanzar el país hacia delante, pero no escudriñar sobre quién comenzó la violencia o quién la detonó.

Respecto al desenlace del dilema, creemos que la posición adoptada por la Comisión fue la de funcionar, con cierto equilibrio precario, entre esos dos marcos de lectura del pasado. Es decir, La Investigadora reveló cosas hasta donde los límites del pacto se lo permitieron y, con ello, manufacturó el presente lo más que pudo, generando estrategias de asistencia cuando las condiciones así lo ameritaron. Y este equilibro precario condujo al final a que La Investigadora, pudiendo revelar o hacer mucho más de lo que podía no lo hiciera, o a que la labor acometida, interesante desde todo punto de vista para la época en la que funcionó, se llevara a cabo de forma muy precavida, sobre todo con un sector importante de las élites. Aun así, el equilibrio precario obedecía también a que la Comisión funcionaba en zonas donde la Violencia todavía estaba viva y donde los actores y factores detonantes estaban latentes. 

Ahora bien, al emprender su tarea etnográfico-terapéutica tras salir de los escritorios de Bogotá, los comisionados fueron dándose cuenta de que en las regiones más afectadas, por ejemplo, los departamentos del Valle del Cauca, del Tolima y del eje cafetero, había demasiadas cosas enrevesadas y mezcladas, limitando y haciendo imposible una narrativa genética que estableciera con certeza cómo comenzó todo y quién lo inició. Por ejemplo, no todos los actores de la Violencia que ellos habían detectado en sus correrías, participaban en los mismos escenarios visitados. Unas veces aparecían chulavitas, otras pájaros, otras guerrillas de autodefensa, otras líderes de directorios, como gestores y artífices del desangre. ¿A quién o quiénes entre ellos, adjudicar plenamente lo sucedido? ¿Cómo saber que la lucha de unos era más o menos legítima que la de otros?

De igual forma, La Investigadora revelaba que estos actores no actuaban al mismo tiempo, o siguiendo el mismo patrón de victimización en las mismas zonas o bajo los mismos intereses. En algunos casos, a los alzados en armas o a los bandoleros, los movilizaba la ideología y la pasión partidista, en otros el saqueo, y en no pocos casos una mezcla de intereses políticos, económicos, morales y sociales. Por doquier se encontraban perpetradores que se reclamaban como víctimas, o víctimas que decidían asumir la venganza por sus propias manos. Por si fuera poco, su trabajo de campo fue dando cuenta de que la Violencia tampoco se desataba al mismo tiempo ni por los mismos motivos en todas las partes, más allá de que se reafirmara permanentemente en los relatos de viudas, victimarios o amnistiados, dependiendo del bando político, la idea de que esta arrancaba con el asesinato de Gaitán en el año 48 o se detonaba en los años treinta con la violencia liberal.

La salida de La Investigadora será entonces posicionar, simple y llanamente, la narrativa de que “no hay un comienzo claramente definido en la Violencia”. Decir lo contrario les hubiera ocasionado demasiados problemas a los comisionados y, de paso, habría conllevado a que el Frente Nacional abortara esta estrategia más rápido de lo que realmente ocurrió. Decir lo contrario, era poner en evidencia a personas específicas en uno u otro partido y esto podía resultar demasiado caro al ideario de unidad nacional del momento. En ese sentido, la impresión luego de revisar el material de prensa nacional es que más que revelar un “origen” sobre lo ocurrido, La Investigadora lo que hace es evidenciar la magnitud de una problemática. Además no son expertos los que la integran ni tienen la pretensión de producir una génesis explicativa30. Tampoco están los campesinos ni las víctimas. Los que hacen parte de ella son básicamente notables de la vida pública, actuando en medio de una política de concertación que no quiere hacer historia del desangre, y de una gran estrategia que quiere mirar más hacia delante y menos hacia atrás. En ese sentido, la edición del pasado realizado por la Comisión está determinada por la coyuntura crítica y el tipo de personas que finalmente la integran.

La Investigadora entonces lo que hace es realizar una autopsia muy controlada del pasado. Pero a la par que se acomete esa autopsia, va proponiendo, como ya lo vimos, mecanismos de asistencia humanitaria para la superación de lo que se ha revelado. En esa autopsia del pasado las víctimas aparecen como “damnificados” que necesitan una resolución de sus necesidades materiales y no desenterrar abiertamente el pasado reciente que los ha violentado. Lo que necesitan las víctimas es menos análisis de lo sucedido y más soluciones para extirpar el «flagelo de la violencia»31. Dadas las cosas así, se entiende por qué La Investigadora no fue un tribunal de justicia.

Más aun, aunque en el decreto de creación apareciera el mandato de investigar, recomendar y contribuir a la normalización, el que no fuera esta Comisión un tribunal de la justicia, hacía que las élites se blindaran ante cualquier juicio de responsabilidades. No habría recriminaciones políticas, ni procesos judiciales. De hacerlo, eso significaría desatar la violencia y encender el país de nuevo. Lo interesante de anotar aquí es que el camino tomado por La Investigadora de considerar la imposibilidad de construcción de una génesis clara de la Violencia, se sostendrá y defenderá sobre la base de un significante aglutinante ideado por las élites y soportado luego por los académicos en el libro La Violencia en Colombia: «todos somos responsables», ya sea por acción o por omisión, por silencio complaciente o por cobardía, por tanto «nadie específicamente es culpable por esta gran catástrofe nacional».

Una narrativa diagnóstica en un presente turbado

En la creación de La Investigadora estuvieron en juego varias circunstancias históricas y algunas razones políticas de peso que marcaron el rumbo mismo de su labor y que, a nuestro entender, moldean la construcción de lo que aquí denominaremos una narrativa diagnóstica sobre el presente. Dos circunstancias van a tener un peso significativo en este sentido. La primera está relacionada con la situación de transición ambigua en la que surge esta Comisión, dado que la violencia aún no ha cesado en todas las regiones. La segunda tiene que ver con el tipo de soluciones que históricamente distintos gobiernos habían intentado para enfrentar la Violencia. Desde Mariano Ospina Pérez, pasando por Laureano Gómez hasta llegar a Rojas Pinilla, la principal herramienta utilizada por ellos habían sido los decretos y medidas de emergencia. 

Así, para acabar con el sectarismo político, se ensayaron las amnistías generales e incondicionadas; para contrarrestar la violencia de las bandas, se privilegiaron las autodefensas campesinas o las guerrillas de paz; para promover la captura de un bandolero, se legitimó el uso de las recompensas, y para combatir los delitos menores se utilizaron toda serie de medidas de extrañamiento social (Sánchez & Meertens, 1983). Además, estos gobiernos siempre tuvieron, como un “as debajo de la manga”, el denominado decreto de orden público turbado. Bajo ese marco, los principales problemas sociales y políticos acumulados durante años (pobreza, descomposición social, encadenamiento vengativo de los partidos, proliferación de bandas criminales) que demandaban por cierto soluciones programáticas, fueron conjurados bajo un ejercicio permanente y sostenido de instrumentos justicieros excepcionales. 

Precisamente, en uso de las atribuciones que conferían dos artículos de excepcionalidad (el 121 de la Constitución y el decreto 3518 expedido por Ospina Pérez), entrará en funcionamiento el decreto de creación de La Investigadora. Ella nacerá entonces como uno más de esos mecanismos de emergencia, pero trascendiendo su carácter justiciero, y convirtiéndose como hemos visto anteriormente en una estrategia civilista-desarrollista con una misión normalizadora de situaciones críticas en el presente. De todas formas, sugerimos aquí que a diferencia de estos otros decretos y medidas de emergencia, ella termina convertida en un instrumento para tramitar el presente de la confrontación y con ello posicionar una narrativa diagnóstica.

Es decir, aunque es recurso igualmente excepcional en una coyuntura crítica, no pretende conjurar lo que ocurre mediante la fuerza o el uso arbitrario de la violencia de estado, sino a través de la generación de una radiografía presentista sobre lo que está ocurriendo. Entiéndase por ahora que no es aún una radiografía sociológica o una lectura de expertos, como la que generará el libro La Violencia en Colombia años más tarde, o el informe del año 87 —mejor conocido como el informe de los “violentólogos”—, sino una que comienza a develar y contar pequeñas parcelas del desangre presente, especialmente a través de la prensa de la época. Aunque esta revelación se haga de forma muy controlada y editada, sólo con el propósito de proponer sobre la base de ello soluciones inmediatas de asistencia social.

De todas maneras, hay que comprender que el país de entonces se encuentra frente a un espacio de concertación inédito. La Investigadora es una de las fórmulas de ese pacto político, surgida en un mapa político crítico que demanda mecanismos de trámite efectivos, dado que aunque se hable desde Bogotá y desde los gendarmes del pacto, de la necesidad de encontrar soluciones que permitan desactivar la guerra, no se ha logrado aún ningún acuerdo satisfactorio en las regiones, a excepción de los micropactos firmados en su mayoría en el Tolima.

Una narrativa de futuro: ¿un nuevo comienzo para la nación?

La labor de La Investigadora no fue sólo descriptiva del presente o de revelación controlada de la magnitud de una problemática. También tuvo una finalidad terapéutica y pastoral. De hecho, se correspondía con la visión que el Frente Nacional se encargaba de vender al gran público en su objetivo de superar el desangre: una gran operación de paz y salvación nacional. Si bien esta era una estrategia diseñada por élites políticas pragmáticas, su lectura del país de entonces irradiaba un aroma casi evangelizador que buscaba atender a los damnificados pero también pastorearlos, reincorporar a los excombatientes a la vida ciudadana, pero también redimirlos de sus culpas históricas, generar amnistías pero también administrar institucionalmente el perdón político.

Lo interesante es que la prensa ayudaría a diario a reforzar este imaginario mesiánico. Bajo ese imaginario fue posicionándose la narrativa de que de la amarga lección del pasado, habría que acometer hacia delante una catarsis colectiva, para sobreponerse a los impulsos y pasiones guerreras. De todas formas, ello solo era posible si todos le apostaban a una Nueva República. La Investigadora fue precisamente el mejor vehículo para lograrlo, al preconizar por doquier el evangelio del nuevo comienzo, la «empresa de salvación». Ello por supuesto llevaba sus enormes dosis de control del pasado, puesto que este debía cerrarse y sobre esos cierres construir algo nuevo.

Pero frente al nuevo futuro que era básicamente el de concertación, también se habían erigido nuevos problemas y quedaban deudas por saldar. Se podría incluso llegar a leer este momento como de canje concertado: futuro por silencio. Además, las distintas estrategias frentenacionalistas orientadas a la desactivación del desangre, no tocarían uno de los meollos centrales de la guerra en el país, por ende uno de los innombrables históricos para las élites nacionales, y también el caballo de batalla durante mucho tiempo de la izquierda y la insurgencia armada: la reforma agraria. Es decir, la pacificación y rehabilitación fueron ante todo estrategias de asistencia, de ingeniería social, de civilismo desarrollista, diseñadas por planificadores, burócratas, arquitectos, e incluso militares, planeadas desde arriba y revertidas muchas veces por las mismas élites. 

Con el tiempo, todas estas estrategias y la narrativa del nuevo comienzo terminaron mostrando su verdadero rostro, es decir, revelándose como parte de un paquete de «acciones cívico-militares, que permitieron acabar con los bandoleros pero no con las causas objetivas de la violencia» (Comisión de estudios sobre la violencia, 2009, p. 47). Para Pécaut, la gran dificultad que experimentó en el fondo esta Comisión fue que «intentó conciliar ánimos, pero en un sentido paternalista, de reparación cristiana y por ahí se fueron colando políticamente muchos silencios». Hoy, luego de 53 años de haber tenido lugar esta experiencia y en el marco de lo que acontece con la cnrr, podríamos atrevernos a especular qué hubiera pasado si los resultados de La Investigadora se hubieran encadenado a revelaciones más agudas del desangre y sus responsables, y sobre todo a una propuesta programática de paz a través de reformas estructurales de largo alcance, como la redistribución de la tierra, especialmente en las zonas más afectadas. Gran parte de la ciencia social que estaba emergiendo en el país en los años cincuenta, pondría de relieve este nudo gordiano, pero sólo se quedaría en ese nivel.

Reflexiones finales

Aunque la denominada Comisión Investigadora creada en 1958 nunca generó un informe oficial sobre lo sucedido, sí fueron numerosas las noticias de prensa que llegaron al público de entonces sobre lo que acontecía con su labor en las regiones; también lo fueron los informes verbales entregados por los comisionados al primer presidente del Frente Nacional, Alberto Lleras Camargo. Cuatro años después de finalizada su labor, gran parte de sus hallazgos sería consignada por un sacerdote que hizo parte del equipo comisionado, por un sociólogo y por un abogado (que no hicieron parte de la Comisión), en un libro que causó gran impacto y que llevó por título La Violencia en Colombia (1962-1963). Aunque entre la Comisión y el libro no puede establecerse una estricta conexión, y de hecho aquí en el artículo así lo hemos tratado de hacer, sí puede decirse que ambos fueron determinantes para comprender la transformación del orden de las representaciones sociales y políticas que conllevó la Violencia. En resumidas cuentas, si la Comisión fue un dispositivo de trámite y representación de las secuelas de la Violencia, el libro fue la plataforma académica que reveló etnográfica y sociológicamente sus manifestaciones en las regiones. Ahora bien, hemos destacado en este artículo cómo La Investigadora funcionó muy bien en su momento en medio de la transición de la violencia bipartidista, posicionando unas prácticas oficiales y unas tramas narrativas cuyas vetas y aristas resuenan hasta el día de hoy. Así, por ejemplo, contribuyó a la construcción de una narrativa explicativa de la Violencia, en la que se asumió que como no había un comienzo claro para ella, las responsabilidades sobre el desangre podían diseminarse en toda la sociedad. En su lógica, un cáncer generalizado ameritaba un remedio generalizado. Si la Violencia había sido responsabilidad de todos, la Paz sería igual tarea para todos. De igual forma, permitió la realización de un diagnóstico de la situación presente del desangre regional en medio de un orden político turbado, contribuyendo como medida excepcional pacífica a controvertir las medidas excepcionales violentas de los gobiernos anteriores. Es decir, transmutó la paz militar en paz cívica y, posiblemente, a través de los curas con vocación sociológica en terapia rehabilitadora. Además, posicionó unos discursos de futuro cifrados en la idea del nuevo comienzo para la nación, bajo la lógica del ideario de la “gran operación de paz” en las regiones, lavando en las bases sociales ―con grandes dosis de asistencialismo y pactismo―, la conciencia de una macropolítica que desde la capital buscaba pactar olvidos hacia futuro. La Investigadora realizaría todo ello enfrentándose a tres grandes retos: investigar, recomendar y normalizar. Además, su labor no puede comprenderse hoy sino como parte de un mapa político muy conflictivo, no solo porque la sociedad colombiana se encontraba sujetada institucionalmente por el imaginario del orden público turbado y también por el dichoso fantasma del comunismo, sino también porque la Comisión sería parte de una estrategia política mayor de concertación, de una política de élites como la del Frente Nacional. La Comisión sería, en ese marco, un escenario de personalidades notables con buenas intenciones en un cuadro político de élites con intenciones no tan diáfanas. Aunque el Frente Nacional nombró esta Comisión, también permitió a los partidos políticos hacer concesiones de cierre frente a responsabilidades pasadas. Es decir, el Frente Nacional jugó a dos bandas: la primera banda estuvo en cabeza de un órgano investigador cuya pretensión era realizar una operación quirúrgica sobre el pasado y suturar con programas de asistencia y desarrollo sus males en el presente y hacia futuro; la segunda, estuvo concentrada en los partidos y los gendarmes del pacto, que acordaron evitar juicios morales y políticos entre ellos en relación con el desangre. 

Evaluada en el presente, debemos reconocer que La Investigadora a la vez que se convirtió para el país en un vehículo de narrativas sobre la Violencia, muy controladas eso sí por el encuadre político del Frente Nacional, también reveló las ausencias históricas de pactos sociales incluyentes. Es decir, más allá de que tuvo o no controles por estar dentro de un pacto de silencio, también es cierto que logró articular una investigación parcial del pasado, recomendar soluciones hacia futuro y normalizar situaciones complejas en el presente. Nuestra impresión hoy es que La Investigadora resultó tan funcional como reveladora, como en realidad va a ser el funcionamiento normal de las comisiones que han tenido lugar en el país y de las cuales no podemos dar cuenta en este artículo. Así, sin proponérselo de inicio y tampoco sin sospechar los políticos en qué devendría, terminó convirtiéndose en una especie de “tregua” en medio de la guerra, para recordar un dolor sin cicatrizar aún, pero también para encontrar medidas de solución. Quizá volver sobre los pasos de esta Comisión podría servirnos mucho hoy para desenredar mejor nuestro tormentoso presente de memoria y justicia, verdad y reparación en el denominado proceso de Justicia y Paz. Pero esto último debería ser tema de un nuevo artículo.

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